Encuentro de Comunicación Derechos Humanos y Políticas Antidiscriminatorias

HUELGA DE HAMBRE DE DETENIDXS TRANS - UNIDAD Nº 40 DE LOMAS DE ZAMORA.

Dos personas trans se encuentran aisladas en la Unidad Penitenciaria N° 40 desde hace 30 días. Allí las alojaron el 17 de agosto, después de denunciar a agentes penitenciarios por violaciones sexuales, abusos y malos tratos. Pese a estar ordenado el traslado al pabellón trans de una cárcel federal, el mismo no se verifica manteniéndoselas en un régimen de total aislamiento. Ante ello el 13 del corriente mes iniciaron un huelga de hambre para obtener condiciones dignas de detención.

En la Provincia de Buenos Aires sólo existen dos pabellones que alojan travestis o personas trans, en la Unidad N º 32 de Florencia Varela y en la Unidad N º 2 de Sierra Chica, ambas unidades destinadas a alojar varones.

La titular del Juzgado de Ejecución Nº 1 de Mercedes hizo lugar a la acción de hábeas corpus por una de las detenidas, considerando que se agravaron ilegalmente las condiciones de detención. La Dra. Otermín requirió al jefe del SPB y al jefe del SPF celeridad en las gestiones a fin de otorgarle cupo en la Unidad N º 1 de Ezeiza.

El Juzgado de Ejecución Federal Nº 3, a cuya disposición se encuentra la otra chica trans en huelga de hambre, aún no dictó resolución en el hábeas corpus y denuncia interpuestos.

El Director de Asistencia del Penal de la Unidad 40, Sr. Pedro Zeolla, se manifestó muy preocupado ante el Comité contra la Tortura porque dicha Unidad no está preparada para alojar a personas trans, motivo por el cual las detenidas permanecen bajo un régimen de aislamiento hace más de un mes.

ANTECEDENTES DEL CASO

La presentación judicial está patrocinada por el Comité Contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria y cuenta con el aval de más de 20 organizaciones.

Estas organizaciones tomaron conocimiento de los hechos a través de una carta enviada por las víctimas donde denuncian acciones de violencia sexual, psicológica y traslados arbitrarios dispuestos por agentes penitenciarios bonaerenses hacia un grupo de travestis y trans detenidas. En la carta se manifiesta que seis chicas que se encontraban alojadas en la Unidad N º 32 de Florencio Varela , fueron trasladadas arbitrariamente a la Unidad N º 2 de Sierra Chica como represalia por no haber accedido a los pedidos efectuados por el Jefe del Penal de la Unidad N º 32 “a tener sexo con él, y con su personal y por querer destapar muchas cosas que se tapan en dicha unidad como la venta de estupefacientes, cocaína, marihuana, pastillas (sic)…”. Para justificar el traslado, las autoridades habrían alegado “cuestiones de mala convivencia”, para encubrir una represalia encubierta por no haber accedido a los pedidos.

El Comité contra la Tortura y las organizaciones sociales, presentaron un hábeas corpus y solicitaron que se les realice un estudio de VIH por el peligro de contagio al sufrir reiteradas violaciones sexuales -sin profilaxis- por agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense. Aún se está a la espera de los resultados de los análisis. El Comité formuló no sólo la denuncia penal, sino ante el Ministerio de Justicia para que se delimiten las responsabilidades de los agentes penitenciarios.

Las denunciantes describen una situación integral de violaciones a sus derechos. Para no ser trasladadas y así mantener el contacto con sus familiares, se les exigía “tener sexo con el personal penitenciario o distribuir drogas en toda la unidad (sic)”, porque de lo contrario las trasladarían a otros penales. Denuncian que otras travestis alojadas en la Unidad N º 32 de Florencia Varela sufrieron “tortura psicológica y física por parte del señor Rojas, manoseos y cambio de sexo por conducta, por trabajo y por miedo, cuando no quiso seguir canjeando con este señor la trasladó a Sierra Chica”; y que “sufren aberraciones, manoseos y prácticas sexuales de parte del servicio”.

Señalan que en la Unidad N º 2 de Sierra Chica conviven en el Pabellón Nº 10 con hombres allí alojados, encontrándose custodiadas por el personal masculino de seguridad “y que están recibiendo torturas físicas y psicológicas de parte del servicio penitenciario (…)", y solicitan: " por favor, hagan algo”.

Indican, también, la falta de atención médica y adecuada dieta para los enfermos de VIH-SIDA. Dice textualmente una de las firmantes de la carta: “La comida que provee el penal es la comida para un animal. Soy una persona portadora de VIH y no recibo atención médica, este penal no cuenta con un infectólogo, no recibo la medicación que tengo que tomar por mi problema de salud no recibo la dieta que tendría que tener y como estoy tan lejos de mi familia no pueden venir a verme. Son lo único que tengo y ellos me ayudaban para tener una mejor alimentación. Estoy cayendo en un pozo depresivo y tengo miedo por mi enfermedad, necesito la contención de mi familia y amigos”.

Dos de las denunciantes, se encuentran aisladas, en huelga de hambre y a la espera del traslado al Pabellón trans de la Unidad N º 1 de Ezeiza para superar el oprobio y vejamen.



COORDINADORA POR TRANS PRESXS



CONTACTOS:

HUGO CAÑON: 011-1550094136

Presidente de la Comisión Provincial por la Memoria

ROBERTO CIPRIANO GARCIA: 0221- 15 60 17 695

Coordinador COMITE CONTRA LA TORTURA

ALICIA ROMERO: 0221-156229570

Comité Contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria

Jornada Internacional por la Despatologización de las Identidades Trans

CONVENIO ENTRE UNA ORGANIZACIÓN DEL MOVIMIENTO TRANS Y LA UBA

Se pone en marcha el Programa “Derecho a la Identidad de Género”, en base al convenio propiciado por la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgeneros de Argentina (ATTTA – Federación Argentina LGBT) y la Subsecretaria de Vinculación Ciudadana de la Facultad de Derecho (UBA).

... Dicho Programa comprende la convocatoria a estudiantes y graduados/as de la carrera de abogacía a participar del equipo de voluntarios/as que tendrá como objetivo: defender el derecho humano básico de las personas a ser identificadas y tratadas reconociendo su identidad o expresión de género, así como generar instancias informativas y de debate.

De este modo, la UBA da un paso adelante en el marco de la promoción de los derechos humanos al impulsar la lucha de las personas travestis, transexuales y transgéneros, quienes desde hace años vienen reclamando su derecho al cambio registral de nombre y sexo en su Documento Nacional de Identidad, el acceso a la atención sanitaria para la realización de operaciones de reasignación de sexo y procesos de tratamientos hormonales, y la derogación de los artículos que criminalizan las identidades sexuales en los Códigos de Faltas y Contravencionales.

Los/as invitamos el lunes 4 de octubre, a las 18.30 hs., a acercarse y participar de la firma del Convenio, en el Salón Rojo de la Facultad de Derecho de la UBA (Av. Figueroa Alcorta 2263).

Contaremos con las palabras del Subsecretario de Vinculación Ciudadana, Hernán Arce, la Presidenta de ATTTA, Marcela Romero, y de la Presidenta de la Federación Argentina LGBT (MC), María Rachid.

La UNLP a favor de la “despenalización del aborto”

El Consejo Superior se comprometió a expedirse con un manifiesto

La medida se adoptó por amplia mayoría

El Consejo Superior de la Universidad Nacional de La Plata determinó ayer por amplia mayoría elaborar un documento para testimoniar su apoyo a la “despenalización del aborto”. El órgano de gobierno de la casa de altos estudios, con 51 votos a favor, consideró pertinente manifestarse a favor de legislar sobre esta problemática. Sólo dos consejeros emitieron su posición en contra y se registraron tres abstenciones.

Es importante recordar que el debate y la posterior promulgación se produjeron tras la solicitud de debatir la temática por parte de los consejos directivos de Periodismo y Bellas Artes. El consejo directivo de de nuestra unidad académica fue el primero en aprobar -por unanimidad- una declaración a favor de la “despenalización del aborto”.

Este documento fue presentado por Claudia Vázquez Haro, del Observatorio de Comunicación, Género y Derechos Humanos de la Secretaría de Derechos Humanos; Paula González, del Centro Cultural Néstor Perlongher, y Florencia Cremona, del Centro de Extensión, Comunicación y Género.

En el debate de hoy la decana de la Facultad, Florencia Saintout, expresó que “el Superior es un organismo público que tiene la obligación de expedirse ante temas como el aborto”. “Además, agregó que “es una problemática social donde las mujeres pobres llevan la peor parte, ya que cuentan con menos recursos y acuden a la clandestinidad que termina con sus vidas”.

Por último manifestó que “hay que defender el derecho a que la mujer pueda decidir sobre su cuerpo”. “Celebro que esta Universidad se exprese sobre el aborto para impulsar políticas públicas que contribuyan a palear este flagelo”.

En este marco, los consejeros decidieron incorporar al documento la necesidad de intensificar la Educación Sexual en el sistema educativo y transitar hacia la legalización del aborto.

Además, en el orden del día se abordó la creación y funcionamiento del Consejo Social, un ente en el que estarán representadas todas las fuerzas vivas de la Región para asesorar a la casa de altos estudios sobre los temas que preocupan a la sociedad.

Por último se debatió un proyecto para instrumentar la Certificación del Ciclo Básico Universitario y la organización de las unidades de investigación científica, tecnológica y artística a partir de las unidades de investigación y el reglamento general del albergue universitario. Temas sobre los que se espera definir en la próxima sesión del Superior.

La resolución:

La Plata, 28 de septiembre de 2010

VISTO el tratamiento en la Cámara de Diputados de la Nación del proyecto de ley sobre interrupción voluntaria del embarazo, con estado parlamentario.

VISTO lo solicitado por los Consejos Directivos de las Facultades de Periodismo y Comunicación Social y Bellas Artes.

CONSIDERANDO que la práctica de abortos clandestinos en nuestro país es la principal causa de muerte materna de mujeres en edad fértil por año.

CONSIDERANDO que en países como el nuestro, donde el aborto es punible, se generan mil muertes cada 100 mil abortos, en tanto en países en donde no es punible se genera una muerte cada 100 mil abortos.

CONSIDERANDO que en el contexto latinoamericano de desigualdad, son las mujeres de menores recursos las más afectadas por abortos realizados en la clandestinidad por lo cual despenalizar el aborto es atender a la Justicia Social.

CONSIDERANDO que la despenalización del aborto no obliga a ninguna mujer a practicarlo, ya que quienes en función de sus creencias no lo aprueben pueden sostener sus convicciones, en tanto quienes lo admitan pueden actuar según su conciencia.

CONSIDERANDO que la Universidad Nacional de La Plata tiene el deber y la responsabilidad de dar su opinión en temas de interés general, desde un enfoque científico, teniendo en consideración las necesidades de nuestro país.

POR ELLO y en uso de sus atribuciones

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA RESUELVE:

ARTICULO 1: Pronunciarse a favor de un cambio en la legislación nacional en el sentido de la despenalización de la interrupción de embarazos.

ARTICULO 2: Pronunciarse a favor del derecho al aborto legal, seguro y gratuito en los términos que establezca la ley.

ARTICULO 3: Pronunciarse a favor de las políticas de educación sexual y prevención de embarazos no deseados; y declarar de interés institucional los programas y campañas tendientes a garantizar el acceso universal a servicios de salud reproductiva de calidad que promueven la igualdad de género y social.

ARTICULO 4: Regístrese, comuníquese a las Unidades Académicas, Colegios de la Universidad y demás dependencias de la Universidad, y pase a la Dirección Generalde Comunicación y Medios. Cumplido. Archívese.

Puerto Madryn incluye el respeto a la diversidad en su carta orgánica

Puerto Madryn, Chubut. 10 de septiembre de 2010

En una clara muestra de que el avance de los derechos sociales sigue su marcha en Argentina, la patagónica ciudad de Puerto Madryn (Provincia de Chubut) ha decidido incluir en su carta orgánica el respeto por la diversidad sexual.

El municipio promoverá a partir de ahora la inclusión e integración de gays, lesbianas, trans (travestis, transexuales, transgénero), y bisexuales e intersexuales. Para ello realizará, entre otras, las siguientes acciones: designará con el nombre de identidad de género elegido a personas trans que asistan a dependencias municipales, siempre que no se contraponga a ninguna normativa legal vigente, y atendiendo al derecho personalísimo a la libre determinación sexual, sin perjuicio que a los fines administrativos se registren los datos que figuren en el documento nacional de identidad.

Además eliminará las acciones y normativa local que, directa o indirectamente, promuevan la discriminación o impidan a las personas con diversa orientación sexual o identidad de género tener acceso a programas o servicios municipales. En este sentido garantizará a las personas con diversa orientación sexual o identidad de género, atención a la salud, proporcionando programas o servicios de salud que cubran las necesidades específicas de su orientación sexual o identidad de género.

También promoverá el ejercicio del derecho al trabajo y a las oportunidades de empleo en el mercado laboral, sin discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género y asegurará en el sistema educativo la inclusión de las personas con diversa orientación sexual o identidad de género en todos los niveles de la enseñanza.

“En diciembre del 2009 miembros del Foro Social de Diversidad Sexual de INADI Chubut y de Chubut-Diversx nos acercamos a la jornada taller organizada por los convencionales para que la comunidad acerque propuestas para la reforma de la Carta Orgánica. Estudiamos lo que decía la vieja Carta Orgánica aprobada hace 15 años y para analizar qué se podía agregar o modificar en pos de la mejora de la calidad de vida de la comunidad diversa.

Idas y vueltas, charlas, mates, debates, enojos, alegrías. Todo sirvió, hasta las peleas. Seguramente haya mucho más por mejorar o pulir, pero ya somos nombradas y nombrados. La Carta Orgánica de Madryn posee ahora un apartado referido a la Diversidad sexual”, cuentan quienes integran el Foro de Diversidad Sexual y que recibieron el apoyo y adhesión por esta labor de María Rachid y de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans.

Con la inclusión de estas medidas, la de Puerto Madryn se convierte asi en la primer carta orgánica que atiende a la diversidad sexual de su poblaciòn.

Ojalà que el ejemplo cunda y se sumen màs y màs localidades de toda la geografia Argentina.

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Fuente: AG Magazine

20 preguntas antes del "sí, quiero"

Todo lo que querías saber sobre el matrimonio y no sabías a quién preguntar

¿Con la libreta de matrimonio se solucionan todos los problemas? Está claro que no. Pero lo que no está nada claro es una importante serie de cuestiones, muchas de ellas relacionadas con la filiación y el estatus de los integrantes de las familias, que se desprenden de la Ley de Matrimonio Igualitario, pero que aún no han sido reglamentadas y muchas veces dependen del humor de un juez o una jueza.

Responden a estas preguntas que cada vez van siendo más frecuentes, lxs abogadxs Emiliano Litardo de la CHA, Diego Morales del CELS, Flavia Massenzio y Analía Más de la Fagltb y Greta Pena, directora de Investigación de Prácticas Discriminatorias del Inadi.

1 ¿Cómo son considerados los hijos nacidos del matrimonio? ¿Son automáticamente hijos de la pareja?

–Sí. A partir de la promulgación de la ley el pasado 21 de julio, cuando ese niño nace debe ser anotado a nombre de las dos mamás casadas en el Registro Civil. La ley le reconoce la filiación a ambas mamás, es decir a “la madre biológica y su cónyuge”. Tal fue el caso de Vicente, el primer nene inscripto como hijo de dos mamás en el Registro Civil porteño el último 8 de septiembre.

2 Un niño biológico o adoptado por uno de los dos miembros de la pareja previamente al matrimonio, ¿cómo adquiere el reconocimiento del otro padre o madre?

–En las parejas heterosexuales es un paso natural del matrimonio, pero en las parejas homosexuales surge un conflicto: si bien la ley prevé el reconocimiento automático, no existe una reglamentación que acompañe esta situación. Para Diego Morales, abogado del CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), “no debería haber problema para que se escriba en la partida de nacimiento del niño el nombre de la madre o padre no biológico, pero el Registro Civil no está entendiendo qué tipo de familia creó la ley, es un tema de maduración. Lo que presume el Registro Civil es la posibilidad de que un padre biológico reclame sobre el o la niña en el futuro”. Ahora bien, como la ley lo contempla, esta situación se puede reclamar por vía judicial y un juez determinará (o no) que frente a la presentación de documentos que acrediten que el niño o la niña nació y creció en el seno de esa pareja, se inscriba al padre o madre no biológico en la documentación correspondiente. Pero, por el momento, es un tema de interpretación de la ley y de la puesta en práctica de esa ley sobre ciertos organismos que no tienen reglamentaciones claras. Por eso en estas opciones, ante la negativa de un Registro Civil, hay que recurrir a la Justicia (como se hacía en los casos en que el Registro Civil se negaba a casar a personas del mismo sexo, pero esta vez con una ley a favor).

3 Si me niegan el reconocimiento automático de un hijo preexistente al matrimonio, ¿es conveniente pedir la adopción simple?

–En este punto hay divergencias. Para Emiliano Litardo, activista del área jurídica de la CHA, hay que solicitar la adopción simple, que es el trámite que está contemplado en este tipo de casos (ya que la adopción plena implica cortar todo lazo con la familia biológica). “Primero se otorga una guarda que va de 6 meses a un año y luego de ese lapso se abre el juicio de adopción propiamente dicho. El juez o la jueza es quien va a tener la palabra final para otorgar la adopción, para lo cual va a tener en cuenta el interés superior del niño o la niña, antes que nada. De manera que la ley, si bien genera un cambio social importante, no socava prácticas discriminatorias o cierto imaginario social que circunda respecto de las familias homosexuales. Cada juez puede someter a la persona o pareja a los trámites que quiera”. El interés superior del niño contempla “el medio de vida y las cualidades morales y personales del o los adoptantes”, lo cual es una concepción muy abstracta que le permite al juzgador esconder prejuicios homo o lesbofóbicos. Para Morales, en cambio, es mejor esperar: “No soy partidario de pedir la adopción simple, que puede llevar años y no da los mismos derechos que una filiación plena. Si se pide la adopción, además, se somete a la familia a un proceso de invasión que incluye asistente social, testigos, etcétera. Como abogado, recomiendo que las parejas esperen a que el Estado reglamente o intentar una discusión por vía administrativa, reclamando al Registro Civil mediante un recurso la efectivización de ese derecho”. En ese caso, una pareja podría alegar que no se casó antes porque no podía, ya que la ley no existía, y no por eso iba a postergar su opción familiar. Además, ante la concreción de la adopción simple, se corre el riesgo de que el Registro Civil empiece a reconocer naturalmente a los hijos preexistentes y haya que pedir la nulidad de la adopción.

Desde la Falgbt, la abogada Analía Mas explica que “la adopción simple es una estrategia posible, pero se trata de una solución precaria. El Inadi ha señalado que la vía correcta es iniciar el pedido de reconocimiento en el Registro Civil correspondiente”.

4 En estas parejas, ¿qué pasa desde que se lleva a cabo el matrimonio hasta que se soluciona el reconocimiento del hijo o hija? ¿Existe una medida “mientras tanto”?

–En principio sí. Ya sea en el caso de pedir la adopción o de reclamar el reconocimiento se le puede pedir a un juez que reconozca a un hijo por medio de una medida cautelar, pero sólo frente a una situación urgente que requiera una protección rápida. Por ejemplo, una enfermedad o viajes de trabajo. “Sería complicado hacerlo sólo por prevención pero, en principio, se puede pedir esa medida que proteja el tiempo entre el matrimonio y la resolución del reconocimiento del niño o niña”, explica Morales.

5 ¿Los matrimonios del mismo sexo tendrán prioridad para adoptar e inscribirse en los registros?

–Ese fue un ardid de los legisladores católicos que señalaron que, como la ley de adopción dice que se requieren tres años de casados a menos que se demuestre la imposibilidad de procrear, las parejas gays podrían demostrar fácilmente que no pueden procrear juntas, lo que generaría una “discriminación inversa”. Pero en la práctica esto no sucederá. Según Mas, “la situación es diferente y se la contempla en tanto tal. Además, la norma sería imposible de aplicar actualmente y por los próximos años, porque no hay matrimonios del mismo sexo en la Argentina que lleven más de tres años de casados. Es por ello que no se espera que tengan ninguna prioridad en los registros. No se coincide con la realidad considerar que hay una imposibilidad de tener hijos en las parejas del mismo sexo porque no es que ambos sean infértiles”.

6 ¿Entonces las parejas del mismo sexo estarán en el mismo orden que las parejas heterosexuales fértiles?

–En teoría sí, pero en la práctica podría suceder que los jueces de familia demoren la entrega en guarda de los niños a matrimonios del mismo sexo en nombre “del bienestar del menor”. Según Mas, “hay provincias con registro cerrado y los jueces de familia, que suelen ser de carácter conservador, podrían beneficiar a los matrimonios heterosexuales, algo que no escribirían de modo explícito en una sentencia”. Aunque ya existe legalmente un registro único de adopción de alcance nacional, muchas provincias mantienen sus propios registros y en muchas de ellas la Iglesia mantiene una fuerte influencia sobre los jueces de familia y los funcionarios que los dirigen. Sin embargo, Mazzencio señala que, “en todo proceso de adopción, el juez escucha al equipo interdisciplinario que trabaja con él. Son decisiones que se toman con asesoramiento de auxiliares, así que no es fácil que un juez decida arbitrariamente ‘cajonear’ la adopción de un menor por parte de un matrimonio gay”.

7 Los parejas de hecho heterosexuales tienen derecho a una obra social compartida, reducción de impuestos y herencia. ¿Qué ocurre con las parejas homosexuales?

–Las uniones de hecho no están reguladas, pero sí hay jurisprudencia que reconoce en determinados casos ciertos derechos a la concubina o concubino, como el acceso a una pensión o la parte de una herencia, siempre y cuando se acredite que el concubino contribuyó económicamente a generarla. Ahí lo que hace la jurisprudencia no es reconocer el concubinato en igual posición que el matrimonio, sino que entiende una “sociedad de hecho”, una vez acreditado que el concubino colaboró económicamente en esa sociedad. La seguridad social y las pensiones sí se reconocen en las uniones de hecho, pero no se puede equiparar en términos jurídicos el matrimonio con el concubinato. “La Anses emitió una resolución en la que reconoció la pensión por viudez, mucho antes de que salga el matrimonio, acreditando un mínimo de 7 años de convivencia, testigos, propiedades compartidas, etc.”, explica Litardo. En el caso de la obra social, la ley que regula el sistema de obras sociales permite la incorporación de personas en situación de concubinato, indistintamente de la orientación sexual. “Sin embargo, hay ciertas obras sociales y ciertas empresas de medicina prepaga que no reconocen el status de concubino y hay que judicializar el asunto”, concluye.

8 ¿Se reconocerá el concubinato para heredar la pensión en caso de viudez?

–Eso dependerá de la caja a la que se aporte. A nivel nacional, la Anses ya lo reconoce desde agosto de 2008. Para ello es requisito demostrar la convivencia durante por lo menos cinco años –mediante facturas de servicios, manifestaciones de testigos u otros medios–, tal como ya sucede con las parejas convivientes heterosexuales.

Sin embargo, hay varias cajas provinciales o de distintos ámbitos profesionales que aún no reconocen a los concubinos. La libreta de matrimonio es la única garantía de cobertura legal en este sentido.

9 Una pareja homosexual casada, ¿puede obtener la deducción del impuesto a las Ganancias, tal como les corresponde a las parejas heterosexuales?

–El artículo 23 de la ley sobre ganancias no imponibles y cargas de familia establece cuáles son las deducciones personales para los individuos con relación a este impuesto. Allí se señala la deducción por cónyuge: se trata de un monto fijo de 12 mil pesos anual. Las condiciones son que la pareja resida en el país, que esté a cargo del empleado que pretende la deducción y que sus ingresos no superen los 10.800 anuales.

En principio, las parejas gays casadas también están amparadas por este beneficio. Pero ocurre que la normativa actual establece que es el hombre de la pareja quien debe declarar los bienes y rentas gananciales, y que sólo aquellas rentas o bienes derivados del trabajo personal de la mujer serán declarados por la misma, “amén de los bienes adquiridos con anterioridad al matrimonio o los que haya recibido por herencia, legado o donación”. Ante esta situación, ¿cuál de los cónyuges deberá declarar las rentas y los bienes gananciales en el impuesto sobre los Bienes Personales? Muchos especialistas han señalado la urgencia de una reforma impositiva antes del vencimiento del período fiscal actual, el 31 de diciembre de este año. Hasta entonces, rige una ambigüedad normativa.

10 ¿Los hijos pueden llevar los dos apellidos?

–En la ley está contemplado que figuren los dos. Pero a las madres de Vicente no les aceptaron esa posibilidad. En ese caso, ellas y todos a quienes les pase lo mismo tienen la posibilidad de ir directamente a la Cámara Civil, presentando un recurso de apelación frente al rechazo del Registro Civil. “El problema es que no se tanteó mucho a esos jueces en estos años, de hecho fueron jueces civiles de primera instancia los que frenaron fallos de la Justicia civil para matrimonios entre personas del mismo sexo antes de la ley, entonces no sabemos qué posición tienen”, resume Morales. Pero en la letra de la ley propiamente dicha, “en caso de que los adoptantes sean cónyuges de un mismo sexo, a pedido de éstos podrá el adoptado llevar el apellido compuesto del cónyuge del cual tuviera el primer apellido o agregar al primero de éste el primero del otro”.

11 ¿Qué pasa con la cláusula de fidelidad exigida por la ley de matrimonio civil?

La ley de matrimonio exige tres deberes: fidelidad, asistencia y cohabitación. El no cumplimiento de uno de estos tres deberes es causal de divorcio. “La esencia del matrimonio civil tiene criterios muy decimonónicos, inspirados en la doctrina católica. Hay obligaciones que hacen que el matrimonio sea hoy obsoleto, por eso la CHA presentó un proyecto de modificación del matrimonio, para que en vez de liberar no termine oprimiendo a la pareja, pero el piso de igualdad jurídica que generó la ley es la base para habilitar estas discusiones”, explica Litardo. En ese sentido, apunta que para acceder al matrimonio, la sociedad “exige” una relación de amor romántico, cuando bien podría tratarse de dos amigos o amigas que quieran casarse para reconocerle derechos al otro. “Muchas veces llegan dos amigos del interior que quieren unirse civilmente para que el otro pueda acceder a una obra social, o la posibilidad de que mi amigo entre al hospital si me pasa algo, pero eso no está previsto en el imaginario social, así que es un debate que recién empieza”, concluye. Para Morales, “la casuística se va a desarrollar en el tiempo. No sabemos si son los mismos los criterios que va a valorar un juez a la hora de divorciar una pareja homosexual o heterosexual. Va a entrar en juego qué pruebas presentan las parejas, cómo prueban que no era una práctica previa, etcétera”.

12 Si una pareja homosexual tiene un hijo por inseminación artificial, ¿qué papel juega ante la ley ese tercero que tiene un vínculo biológico con el niño?

–Ante un reclamo y un análisis, es verdad que ese tercero aparece como padre o madre, pero ahí entra en juego la identidad biológica del niño. Si no la supiera y el día de mañana tiene una sospecha y la quiere corroborar, tendría que tener ese derecho e incluso pedirle al padre biológico que lo reconozca. Puede haber un conflicto porque la patria potestad es de a dos, nunca de a tres. “Por nuestra historia, la Argentina es pionera en rastrear la identidad biológica. En el caso de una pareja que ‘invita’ a alguien a ser el padre, eso no está contemplado en la ley. En ese caso irían a competir dos situaciones de reconocimiento y habría que ver cómo se define, pero todavía no lo sabemos”, dice Morales. Si el chico quisiera que su padre legal sea el biológico y no la pareja de la madre, por ejemplo, podría desplazar en su partida a esa madre mediante una acción judicial. “Porque los lazos biológicos en general son priorizados, pero habría que ver cada caso en particular y cómo evoluciona esto”, concluye.

13 ¿Qué pasa en el caso de que una travesti se case y luego se realice la reasignación de sexo? ¿Se tiene que volver a casar?

–La reforma de la ley de matrimonio, a diferencia de muchas leyes del Código Civil, hace un corrimiento del sexo de las personas, es decir que borra el sexo como núcleo central. Ya sea que se case una travesti con un varón o con una mujer, a la ley no le interesa ni modifica. Lo que sí entra a jugar es la discusión del reconocimiento por género: si hay reasignación de sexo después del matrimonio, probablemente esa persona se haya tenido que casar con su nombre registral derivado del sexo biológico, pero si se readecua genitalmente y cambia su nombre por orden del juzgado, se comunica al Registro Civil el cambio de nombre y se da una nueva libreta de matrimonio, un nuevo DNI, etcétera. “A la ley no le importaba la orientación sexual, sino el sexo biológico: no podían casarse dos personas del mismo sexo, tengan la orientación sexual que quieran, y eso es interesante; en el matrimonio, el sexo biológico funcionaba como dispositivo de no acceso al derecho civil de contraer nupcias. Posreforma de la ley se genera este borramiento que, políticamente, es muy positivo y habilitador en otras discusiones”, explica Litardo.

14 Si una persona de nacionalidad argentina se casa con un extranjero, ¿esa persona obtendrá la ciudadanía?

–Sí. Se les ha otorgado la ciudadanía a cinco personas que se han casado con argentinos de su mismo sexo. Según Flavia Massenzio, abogada de la Fagltb, “esto también es válido para personas casadas legalmente en otros países que cuentan con una ley de matrimonio igualitario, como Canadá o España, a quienes se les debe reconocer la ciudadanía argentina para su cónyuge”.

15 ¿Cómo es el régimen de tenencia y visitas para los hijos menores de cinco años en caso de divorcio?

–El artículo 4 de la ley dice que “los hijos menores de cinco años quedarán a cargo de la madre, salvo causas graves que afecten el interés del menor. En casos de matrimonios constituidos por ambos cónyuges del mismo sexo, a falta de acuerdo, el juez resolverá teniendo en cuenta el interés del menor”. Esto quiere decir que, en primer lugar, serán las partes quienes deberán ponerse de acuerdo con cuál de sus madres o padres va a vivir el niño. En caso de disputa, es el juez quien deberá decidirlo, con el amplio margen que le da la ley para su arbitrio. Para Analía Mas, “la ley da como primera opción que se pongan de acuerdo las partes, pero si los chicos pasan a ser el botín de guerra del divorcio, es el juez quien decide. Igual, la patria potestad está compartida entre ambas madres o padres, así que no se generarán mayores problemas o muy diferentes de los que se generan en los divorcios heterosexuales”.

16 ¿Sigue siendo válida la figura de la nuera viuda sin hijos para heredar?

–El Código Civil argentino prevé la figura de la “nuera viuda sin hijos”, que ampara a “la viuda que permaneciere en ese estado y no tuviere hijos, o que si los tuvo no sobrevivieren en el momento en que se abrió la sucesión de los suegros. Ella tiene derecho a heredar la cuarta parte de los bienes que le hubieren correspondido a su esposo en dichas sucesiones”. La nuera viuda que hereda es la que no se volvió a casar después de enviudar, no estaba divorciada por su culpa ni había perdido el derecho hereditario con respecto a su marido. Además, la “viuda nuera sin hijos” no debe tener hijos porque, de tenerlos, “ellos heredan en representación del padre”. En el caso de dos mujeres casadas siempre va a haber una nuera y en el caso de dos hombres, nunca. Por el momento, el yerno viudo no accede a esa parte de la herencia, aunque existe jurisprudencia que ha beneficiado a yernos viudos sin hijos y se espera que se siga avanzando en ese sentido con los matrimonios entre hombres, hasta que la ley sea modificada.

17 ¿Cómo van a funcionar las licencias por paternidad y maternidad?

–Actualmente rige el artículo 177 de la ley de contrato de trabajo, que dice que las empleadas embarazadas tienen derecho a tomar una licencia de 90 días con goce de sueldo, más excedencia. Para los hombres rige desde junio una licencia por paternidad que sólo comprende cinco días, tanto para padres biológicos como adoptivos.

En el caso de un matrimonio de dos mujeres, la embarazada tiene el derecho de licencia de 90 días y la madre no biológica, de cinco días. En el caso de una pareja de dos hombres, uno de los dos puede tomarse el beneficio de los tres meses y el otro el de los cinco días.

18 ¿Y cuál sería la licencia que le corresponde a la co-madre o co-padre?

–Según Greta Pena, del Inadi: “Se espera que pueda gozar del derecho de cinco días, incluso en el caso de adopción, tal como establece la última reforma a la ley. Aunque la ley no lo diga explícitamente, si en vez de un papá hay otra mamá, se debe resolver por analogía, como modo de interpretar la ley”.

19 Los libros del Registro Civil siguen diciendo “esposo y esposa”. ¿Esto cuándo va a cambiar?

–Se suponía que iban a ser modificados en el plazo que transcurrió desde la aprobación de la ley en el Congreso hasta su promulgación por parte de la Presidenta. Sin embargo, depende de cada municipio y provincia. Lo mismo para los formularios y demás papeles administrativos. Muchas oficinas públicas y registros prometen modificar estas cuestiones en cuanto se les termine el stock de los viejos libros. Desde la agrupación 100% Diversidad y Derechos ya le exigieron al secretario del Interior, Marcio Barbosa, que inste a los registros civiles de todo el país a adaptar este tipo de cuestiones a la nueva ley, así como capacitar a los empleados en un trato “amigable” con la comunidad gay.

20 ¿Los análisis prenupciales son obligatorios?

–Sí, es igual que para los heterosexuales, pero no se incluye el test de HIV. Se trata de un examen de tipo VDLR que detecta la sífilis. El test de HIV tampoco se realiza a las parejas heterosexuales. Por ley no se puede realizar este análisis sin el consentimiento de la persona.

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Fuente:

20 de septiembre de 2010 Por Flor Monfort y Federico Sierra (Página|12) | Por Redacción AG Magazine

Jornada Internacional de Lucha por la Despatologización de las Identidades Travestis,Transexuales y Transgeneros

La próxima Jornada Internacional de Lucha por la Despatologización de las Identidades Travestis,Transexuales y Transgeneros, tendrá lugar el 23 de octubre de 2010 en ciudades de diferentes continentes. 

Creemos que estamos en un momento importante para nuestra comunidad y es sumamente necesario politizar este espacio, hacer una buena jornada que permita visibilizar la resistencia travesti, transexual y transgener*: Por ello luego de una primera reunión con activistas trans ; decidimos ampliar la consigna contra la criminalización y estigmatizacion, pero siempre en el marco de la campaña.

Convocamos a organizaciones , activistas, aliados y amig*s a la próxima reunión que se llevara a cabo el dia martes 14 de septiembre a las 19 hs en el bar del Bauen Hotel.

L*s esperamos par diseñar juntos esta acción

Una ley sin transición social

de Fer Rodriguez, el El Lunes, 13 de septiembre de 2010 a las 0:21

Mi transición la comencé hace cinco años, con un tratamiento hormonal y una cirugía de extirpación de glándulas mamarias, (mastectomía) todo este proceso lo realice de manera ilegal y clandestina, por que la ley actual prohíbe este tipo de tratamientos y cirugías sin autorización legal de un juez.

Al no tener los medios económicos de realizar el proceso legal de autorización, me llevo a poner en riesgo mi vida y mi integridad física, en una cirugía sin controles, ni análisis previos, además de decir que no fue positiva físicamente.

Muy recientemente pase por la misma cirugía, en esta ocasión el cirujano me solicito aprobación psicológica y psiquiatrita, patologizandome para poder realizarla, en la que se me extirpo el sobrante de glándula.

En resumen, tuve que pasar dos veces por el quirófano, por el desconocimiento y la falta de preparación legal y sanitaria que hay con respecto a personas trans. Son los dos extremos que nos dejan socialmente. La ilegalidad o la patologización.

Por el solo hecho de expresar mi identidad, he sufrido discriminación; familiar, social, laboral, sanitaria y afectiva.

Mi cuerpo, este que muchas veces no lo he sentido mío, lo comprueba.

Las próximas leyes a debatirse en diputados, además de que ninguna incluye un proyecto de salud que es básico y vital para personas trans, solo se refieren al cambio registral de sexo y de nombre en el DNI, pasando por alto todo este proceso de construcción previo. El proyecto de Silvia Ausberger que fue presentado en 2007 habla de un COMITÉ INTERDISCIPLINARIO con médicos de diferentes especialidades, por lo que las personas trans debemos pasar, para la “comprobación” de nuestra identidad. Sobre todo evaluaciones psicológicas y siquiátricas, para la patologizacion y el diagnostico de una enfermedad que necesita cura. La ley que impulsa la federación lleva la patologización implícita al pedirnos que DEMOSTREMOS, PUBLICA Y PERMANENTEMENTE, mediante una declaración jurada que somos lo que decimos ser, basándose en construcciones binaristas de género.

Siento que el cambio registral es el premio a todo el proceso de normalización de mi cuerpo, no al reconocimiento de quien soy. No puedo dejar de preguntarme: ¿me darían el nuevo DNI sin ninguna transición? Y mientras, quien reconoce, todo el proceso de construcción que he tenido que hacer? Que el estado se haga cargo de las violaciones a nuestros derechos que sufrimos a diario, somos excluidos en la educación, el trabajo, la salud, la vivienda, la libertad.

Mi voz y la voz de las personas TRANS, cuando se redacto esta ley no fue escuchada, la carrera política de algunas organizaciones no lo permite, el rally ya ha comenzado, se sucede la presentación de este proyecto “salvador” en diferentes ciudades argentinas y en definitiva no va a cambiar mucho de nuestras realidades. Mi cuerpo transexual, siempre lo seguirá siendo, en los controles médicos, en los baños públicos, en la intimidad.

Que se impulse un debate con personas trans del territorio nacional y con las organizaciones que impulsan estas leyes para que se escuchen nuestras diferentes necesidades urgentes.

QUE ESTE PROCESO POLITICO NOS INCLUYA, QUE NADIE MAS QUE NOSOTROS DECIDA SOBRE NUESTROS CUERPOS.

FERNANDO RODRIGUEZ

Transexual Masculino

Encuentro por la Diversidad.

Se inscribió el primer hijo con dos madres legalmente reconocidas

A primeras horas de la mañana se inscribió en la sede central del registro civil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al primer hijo nacido en el marco de un matrimonio igualitario conformado por mujeres. De esta forma, se reconoce legalmente a dos madres con iguales derechos y obligaciones. Sucedió tras intensas gestiones iniciadas por Lesmadres, 100% Diversidad y Derechos y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que siguieron de cerca la implementación de la ley de matrimonio igualitario en instancias administrativas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Cecilia y Verónica concurrieron acompañadas por miembros de las tres organizaciones para inscribir a su hijo nacido el pasado 2 de septiembre en una clínica privada ubicada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Días más tarde, durante la jornada, Vicente fue registrado como hijo de ambas madres abandonando el recinto con su Documento Nacional de Identidad y su partida de nacimiento. Así, el niño se convirtió además en el primer hijo de un matrimonio de mujeres anotado como tal en la libreta roja de matrimonio.

Este acto se inscribe en el artículo 36 de la nueva ley (ley 26.618, capitulo VII/ Nacimientos) que determina que la inscripción de los hijos e hijas deberá contener “en el caso de hijos de matrimonios entre personas del mismo sexo, el nombre y apellido de la madre y su cónyuge”. La histórica reforma del código civil que amplio el derecho al matrimonio a las parejas del mismo sexo da cuenta de una realidad que se viene dando de hecho entre numerosas familias comaternales desde hace casi una década.

De todos modos, la medida no fue un éxito completo. Lamentablemente el Registro Civil no respetó la decisión de las madres de inscribir al niño con sus dos apellidos. En estos días se iniciarán las acciones administrativas y legales pertinentes para que se terminen de ajustar los procedimientos a las leyes vigentes.

Verónica, una de las dos madres, aseguró: “La inscripción igualitaria de Vicente se enmarca en la misma línea de la recientemente sancionada Ley de Matrimonio igualitario: es una expansión del alcance de los derechos civiles para garantizar una mayor igualdad entre los/as habitantes del territorio nacional. Asimismo, estos recursos legales o administrativos no sólo aseguran el acceso a ciertos derechos sino también deslegitiman ciertas prácticas pejuiciosas y/o discriminatorias al promover la visibilidad y el empoderamiento de nuestras familias”.

Al respecto, Florencia Gemetro, integrante de Lesmadres, aseguró: “Esta medida constituye un avance más en la adquisición de los derechos de nuestras familias. Y, sobre todo, se trata de un acto de celebración democrática. Esto es así toda vez que se sancionan derechos que permiten el acceso a la ciudadanía por parte de bastos sectores de la sociedad históricamente excluidos. Cuando esto sucede es la democracia la que se renueva en beneficio de todos y todas”.

Martín Canevaro, presidente de 100 % Diversidad y Derechos, expresó: ““Hoy es un día histórico porque nuestros hijos e hijas tendrán plenos derechos, este gran avance en el reconocimiento de los derechos es fruto de la sanción del matrimonio igualitario que expresa el reconocimiento de la diversidad de familias que construimos lesbianas, gays, bisexuales y trans”.

08/09/2010

Contactos de prensa:

Lesmadres

Florencia Gemetro

(15) 4039-3268

100 % Diversidad y Derechos

Martín Canevaro

(15) 4195-1767

Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)

15-5638-3107

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Para más información : Lesmadres

Repercusiones del pronunciamiento de Periodismo sobre la despenalizaciòn del aborto: diario la Nación

LA PLATA.- La Facultad de Periodismo de la Universidad Na­cio­nal de La Plata (UNLP) emitió un comunicado de apoyo a la despenalización del abor­to y la universidad analizará si hace suyo ese pronunciamiento, que se pro­duce en medio del debate público sobre el tema. Es la segunda casa de estudios que se expide en favor, tras la resolución del 11 del mes pasado del Consejo Superior de la UBA.

La declaración fue aprobada por el Consejo Directivo de la Facultad. Se expresa "en favor de la des­penaliza­ción del aborto en la República Argentina" sin estable­cer ningún tipo de limitación: no distingue sobre el estado o condi­ción de la mujer, el tiempo de embarazo o las circuns­tancias en que se produjo.

En diálogo con LA NACION, la secretaria de Extensión de esa unidad académica, Paula González Ceuninck, dijo que el aborto "es una realidad en nuestro país más allá de lo que diga la ley".

Consultado por LA NACION sobre el comunicado, el arzobispo de La Plata, Héctor Aguer, la consideró parte de "una campaña bien orquestada" y movida por "partidarios del abor­to" que buscan su legalización. "Lo que tenemos que hacer -dijo- es ayudar a las mujeres a asumir su maternidad."

El presidente de la UNLP, Fer­nando Tauber, consideró que el Consejo Superior "seguramente acom­­pañará" la declaración de Periodismo cuando debata el tema. 

Fuente: Diario La Nación

Periodismo se pronunció a favor de la despenalización del aborto

La facultad de Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) se pronunció a favor de la despenalización del aborto. Lo aprobó por unanimidad el Consejo Directivo, en una reunión que sus integrantes mantuvieron el lunes. Así, Periodismo se transformó en la primera unidad académica de la UNLP en pronunciarse sobre el tema. Ahora, planean elevar un docuemento al Consejo Superior –órgano de gobierno de la Universidad– para que también se expida al respecto. En tanto, ya lo hicieron la facultad de Sociales de la UBA y el Consejo Superior de esa casa de estudios.

SUSTENTO. Uno los fundamentos de la presentación, que lleva las firmas de Claudia Vasquez Haro, de la secretaría de Derechos Humanos de la facultad; Paula González Ceuninck, del Centro Cultural Néstor Perlongher de la unidad académica del Bosque; y de Florencia Cremona, del Centro de Extensión Comunicación y Género, es que “cada año mueren en Argentina cientos de mujeres por prácticas de abortos clandestinos, aunque investigaciones médicas informan de un subregistro en el registro de la mortalidad por gestación. Además, la mayoría de esas mujeres son pobres y jóvenes”.

“Aproximadamente, el 40 por ciento de los embarazos terminan en abortos, lo que significa que existen en el país unos 500 mil abortos clandestinos por año. Eso significa que se produce un aborto por minuto”, graficó González Ceuninck a Diagonales, quien también se desempeña como secretario de extensión de la unidad académica.

Además, la funcionaria señaló: “Unas 70 mil mujeres que abortan terminan hospitalizadas por abortos mal practicados, y más de 4 millones de mujeres entre 15 y 49 años no tienen obra social”. Por último, alertó: “Los abortos son la primera causa de muerte materna”.

Actualmente, en Argentina rige la aplicación de los abortos no punibles; es decir, que la práctica es legal cuando se aplica a mujeres víctimas de violación o cuando está en riesgo la vida o la salud de la madre. En ese sentido, González Ceuninck indicó: “Muchas veces sucede en nuestro país que se terminan judicializando los casos”, por lo cual sostiene que el aborto debiera ser un derecho que puedan hacer uso las muejeres.

Otro de los principales argumentos que esbozaron los miembros del órgano de gobierno de la facultad es: “La profundización de la democracia implica plantear los derechos individuales y colectivos como ejes de la equidad social que, en este caso, permite la discusión de decidir sobre el propio cuerpo”.

UBA. El antecedente del pronunciamiento de Periodismo se registra en la UBA. El Consejo Superior de esa casa se proclamó a favor de la despenalización del aborto el pasado 11 de agosto. Antes, lo había hecho la facultad de Sociales de la UBA, sobre el proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo presentado ante el Congreso de la Nación por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

Fuente: Diario Diagonales.

Debaten en la Universidad la despenalización del aborto

El Consejo Directivo de La facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad de La Plata aprobó por unanimidad una declaración a favor de la despenalización del aborto y decidió elevar el documento al Consejo Superior para conseguir que trate el tema y se expida al respecto, tal como se hizo en su momento con la discusión sobre el matrimonio igualitario.

En los fundamentos del documento aprobado por esa unidad académica se destaca que el aborto es la principal causa de muerte materna actualmente en la Argentina y se agrega que "la ilegalidad de esta práctica conspira contra la salud pública, siendo las mujeres de menores recursos las que padecen mayores riesgos".

El documento fue elaborado y presentado en el Consejo Directivo de la facultad de Periodismo por Claudia Vázquez Haro, del Observatorio de Comunicación, Género y Derechos Humanos de la Secretaría de Derechos Humanos; Paula González, del Centro Cultural Néstor Perlongher y Florencia Cremona, del Centro de Extensión Comunicación y Género.

La aprobación de la declaración apunta a que el Consejo Superior de la UNLP debata este tema que hoy forma parte de la agenda parlamentaria. En ese sentido, fuentes vinculadas al Consejo Directivo de la facultad de Periodismo y Comunicación Social indicaron que "será girado al rectorado para que después de los trámites pertinentes, se evalúe su tratamiento en el Consejo Superior".

Mientras tanto, fuentes de la Universidad indicaron que, cuando el documento se presente, será debatido por las comisiones pertinentes antes de decidir acerca de su tratamiento en el recinto.

EL MARCO DEL DEBATE

La presentación se produce a pocos días de que el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires firmara una resolución para apoyar la despenalización del aborto que había sido presentada por representantes de los estudiantes. La medida -que no es vinculante para el Gobierno- recibió 23 votos favorables, uno en contra y una abstención.

En esa resolución, aprobada el último 12 de agosto, el Consejo Superior de la UBA reclamó "un cambio en la legislación nacional, en el sentido de la despenalización de la interrupción de los embarazos".

El pronunciamiento se produjo en momentos en que dos proyectos que buscan despenalizar el aborto ingresaron a la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados y esperan su tratamiento en el recinto.

Los proyectos plantean otorgar a las mujeres el derecho a interrumpir el embarazo durante las 12 primeras semanas de gestación y que el aborto se practique en los servicios del sistema de salud.

En tanto, en el Senado hay cuatro proyectos, pero todos plantean el carácter restrictivo del aborto y se centran en los casos no punibles.

OTRA POLEMICA

El tema se había convertido en el eje de una fuerte polémica en el mes de julio, cuando el ministerio de Salud anunció que una guía para los casos de abortos no punibles tenía el rango de resolución, aunque el ministro de Salud Juan Manzur, indicó posteriormente que esa guía no sería ratificada por una resolución ministerial. El punto central de esa herramienta ordenaba no judicializar los casos.

En esa ocasión, Manzur hizo saber que el gobierno nacional se oponía a la despenalización del aborto.

Fuente: Diario El Día.

Abordajes sobre el aborto: Nota del programa "Bajada de linea"

Contra la psiquiatrización de la identidad

Libertades y derechos

ALIRA ARANETA, Acera del Frente, colectivo por los derechos de las personas LGTB.

Jueves 16 de octubre de 2008. Número 87

 

El pasado 11 de octubre activistas transexuales, transgénero e intersexuales de distintas ciudades europeas (Barcelona, Bilbao, Donostia, Gasteiz, Zaragoza, Madrid, Bruselas, Lisboa y Paris) salimos a la calle para denunciar la violencia, la precariedad y la vulnerabilidad que vive nuestro colectivo. Pero sobre todo para denunciar públicamente una vez más la psiquiatrización de nuestras identidades y las graves consecuencias del llamado “trastorno de identidad sexual o de género” (TIG), por el que se nos cataloga como “enfermos mentales”.

Somos personas autónomas y dueñas de nuestros cuerpos, por lo que rechazamos que intenten controlar nuestras vidas con este diagnóstico psiquiátrico, mediante el cual, y con el amparo de la ley, se nos obliga [en el Estado español] a recibir tratamiento hormonal durante al menos dos años, si queremos cambiar el nombre y la mención de sexo en nuestros documentos. Esta hormonación imperativa viola nuestros derechos reproductivos, ya que en la práctica estos dos años de tratamiento nos vuelven estériles. Dos años de incertidumbre absoluta, donde se nos aboca al ostracismo social, laboral, etc. Todo ello con el fin de ajustarnos a los patrones dicotómicos de hombre/mujer.

Nuestra práctica diaria evidencia que en esta sociedad no sólo se trata de hombres y mujeres o de machos y hembras. Somos la muestra de que el sexo y el género son ejes mucho más complejos y plurales de lo que se entiende como “lo normal”. Esta misma dicotomía hace invisibles a las personas intersexuales, sometiéndonos a intervenciones quirúrgicas desde que nacemos con tal de ajustar nuestros cuerpos a lo que debe de ser un hombre o una mujer, violentándonos y robándonos la capacidad de control y disfrute sobre nuestros cuerpos sin nuestro consentimiento. Por ello, denunciamos los procesos extremos a los que nos somete la clase médica para “normalizarnos” en uno u otro sexo.

Por todo ello, el 11 de octubre nos visibilizamos para provocar una reflexión social, y para demandar:

 Que la ‘disforia de género’ desaparezca de los manuales CIE (Clasificación Internacional de Enfermedades de la Organización Mundial de la Salud) y DSM (manual diagnóstico y estadístico de enfermedades mentales de la Asociación de Psiquiatría Norteamericana) como trastorno mental, al igual que retiraron la homosexualidad en el año ‘92.

 El libre acceso a tratamientos hormonales y quirúrgicos, sin tutela psiquiátrica.

 La abolición de los procesos de normalización impuestos a las personas intersexuales, nacidas con genitales ambiguos, sobre los que se interviene al poco de nacer invisibilizando los cuerpos que no encajan en el binomio hombre/mujer.

 La retirada de un dato inservible como la mención de sexo de nuestros documentos oficiales.

 Que se promuevan leyes que protejan e integren a las personas trans e intersex en la sociedad.

Fuente: http://www.diagonalperiodico.net/Contra-la-psiquiatrizacion-de-la.html

VIOLENCIA CONTRA PERSONAS TRANS Y TRAVESTIS EN CARCELES BONAERENSES

Comisión por la Memoria - Pcia. de Bs. As.

Una presentación ante la justicia penal denuncia la situación de violencia física y sexual y traslados arbitrarios que sufren personas trans travestis detenidas en cárceles de la provincia de Buenos Aires. Se trata de un recurso de habeas corpus colectivo a favor de un grupo de travestis alojadas en la Unidad Penal de Sierra Chica que fue presentado el lunes ante la justicia del Azul.

La presentación judicial está patrocinada por el Comité Contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria y cuenta con el aval de más de 20 organizaciones : Lunaticxs La Plata ; Futuro Trans; Frente Popular Dario Santillan; Espacio Queer; Revista Tinta Roja; Colectivo de varones antipatriarcales; Jóvenes por la igualdad; Desobedientes; Asociación por la identidad sexual platense; Contingente 13 colectiv* queer transfeminista; Casa de la mujer Azucena Villaflor; Centro cultural Nestor Perlongher de la Facultad de periodismo y comunicación social, Universidad Nacional de La Plata; Malas como las arañas; Colectiva feminista Las furiosas, Asociación de lucha por la identidad travesti transexual, Cooperativa de trabajo Nadia Echazú ; Movimiento antidiscriminatorio de liberación representante trans para el cono sur Ilga-Lac ; Organización de lesbianas madres en comaternidad; Colectivo de abogados populares La Ciega; Observatorio de Género de la Facultad de periodismo y comunicación social (UNLP); Centro interdisciplinario de investigaciones en género, Facultad de Humanidades y Ciencias de la educación, UNLP.

Se tomó conocimiento de los hechos a través de una carta enviada por las victimas donde se denuncian acciones de violencia sexual, psicológica y traslados arbitrarios impartidos por agentes penitenciarios bonaerenses hacia un grupo de travestis detenidas.

En la carta se manifiesta que 6 personas trans travestis que se encontraban alojadas en la Unidad Nº 32 de Florencio Varela, fueron trasladadas arbitrariamente a la Unidad Nº 2 de Sierra Chica como represalia por no haber accedido a los pedidos efectuados por el Jefe del Penal de la Unidad Nº 32 “ a tener sexo con él, y con su personal y por querer destapar muchas cosas que se tapan en dicha unidad como la venta de estupefacientes, cocaína, marihuana, pastillas (sic)…”. Para justificar el traslado, las autoridades habrían alegado “cuestiones de mala convivencia” que no son tales, sino que en realidad sugieren una represalia encubierta por no haber accedido a los pedidos efectuados .

Las denunciantes describen además una situación integral de violaciones a sus derechos. Manifiestan que para no ser trasladadas en forma arbitrara por el Jefe del Penal, y mantener contacto en forma periódica con sus familiares se les exigía “tener sexo con el personal penitenciario o distribuir drogas en toda la unidad (sic)” porque de lo contrario las trasladarían a otros penales. Denuncian asimismo que otras travestis alojadas en la Unidad Nº 32 de Florencia Varela sufrieron “tortura psicológica y física por parte del señor Rojas, manoseos y cambio de sexo por conducta, por trabajo y por miedo, cuando no quiso seguir canjeando con este señor la trasladó a Sierra Chica” y que “sufren aberraciones, manoseos y prácticas sexuales de parte del servicio”.

Las firmantes de la carta señalan, además, que en la Unidad Nº 2 de Sierra Chica conviven en el Pabellón Nº 10 con otros hombres allí alojados, encontrándose custodiadas por el personal masculino de seguridad “y que están recibiendo torturas físicas y psicológicas de parte del servicio penitenciario (…) por favor, hagan algo”.

Otro aspecto que se aborda en la denuncia es la falta de atención médica y adecuada dieta para los enfermos de VIH SIDA. Dice textualmente una de las firmantes de la carta: “La comida que provee el penal es la comida para un animal. Soy una persona portadora de VIH y no recibo atención médica, este penal no cuenta con un infectólogo, no recibo la medicación que tengo que tomar por mi problema de salud no recibo la dieta que tendría que tener y como estoy tan lejos de mi familia no pueden venir a verme. Son lo único que tengo y ellos me ayudaban para tener una mejor alimentación. Estoy cayendo en un pozo depresivo y tengo miedo por mi enfermedad, necesito la contención de mi familia y amigos ”.

En la presentación judicial se solicita que se investiguen las responsabilidades de los agentes penitenciarios sobre los hechos denunciados. Se disponga además, el urgente reintegro de las travestis que fueron trasladadas a la Unidad Nro 32 de Florencio Varela, por razones de cercanía familiar, arraigo y por haber sido arbitrario e injustificado su traslado. Se piden garantías para la integridad física de las denunciantes como también que no sufrirán represalias ni consecuencias de ningún tipo a partir de la presentación judicial realizada. Se plantea además que la justicia ordena a la autoridad penitenciaria que las denunciantes permanezcan alojadas en celdas cercanas de un mismo pabellón y con similar régimen, impidiendo su traslado o alojamiento diferenciado. Asimismo, se ordene la urgente provisión de atención médica, controles y dietas especiales para el tratamiento de las personas que conviven con VIH.

Es preciso señalar, que en la provincia de Buenos Aires solo existen dos pabellones que alojan travestis: uno en la Unidad Nº 32 de Florencia Varela y otro en la Unidad Nº 2 de Sierra Chica, ambas unidades destinadas a alojar varones.

CONTACTOS:





ROMINA RODRIGUEZ: lunaticxs@gmail.com // celular: 0221 15 565 6679 (Lunaticxs La Plata)



LAURANA MALACALZA (Comité Contra la Tortura de la Comisión por la Memoria) 011- 15 66 47 51 94 – laurana_ malacalza@yahoo.com.ar

INES JAUREGUIBERRY : 0221 15 477 6840 (inesjaureguiberry@yahoo.com.ar)

ROBERTO CIPRIANO GARCIA: 0221- 15 60 17 695 Comité Contra la Tortura de la Comisión por la Memoria)

El Consejo Superior de la UBA se pronunció a favor del aborto legal

FUERTE RESPALDO DEL CAMPO ACADÉMICO AL CAMBIO DE LA LEGISLACIÓN

Publicado el 12 de Agosto de 2010
Por Lucia Alvarez

Se aprobó por 27 votos a favor, una abstención y uno en contra. Así se reconoció a las mujeres “como sujetos sociales, capaces de decidir si desean o no ser madres”. Y respaldó el tratamiento del proyecto en el Congreso.

Pese a de las recientes declaraciones del ministro de Salud Juan Manzur sobre su rechazo al aborto, el proyecto de ley que permite la interrupción voluntaria del embarazo sigue consiguiendo apoyos, ahora del campo académico, y está cada vez más cerca de ser tratado en el Congreso. Al respaldo del Consejo Superior de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y de la decisión de la Universidad Nacional de Córdoba de llamar al debate, ayer el Consejo Superior de la UBA se pronunció a favor de un cambio en la legislación nacional y del derecho al aborto legal, seguro y gratuito.

El texto, presentado por los consejeros estudiantiles Leandro Altman e Ignacio Kostzer y aprobado por 27 votos a favor, uno en contra y una abstención, argumenta que los abortos son la primera causa de mortalidad materna y estima que el derecho a establecer las condiciones de la maternidad implica “reconocer a las mujeres como sujetos sociales, como ciudadanas y agentes morales capaces de decidir si desean o no ser madres, el número de hijos/as que desean tener y el espacio temporal entre los nacimientos”.

Altman dijo a Tiempo Argentino: “En el país se realizan 500 mil abortos al año y una mujer fallece cada dos días por esta causa. Es fundamental que la universidad pública intervenga en estos debates que involucran a toda la sociedad”. Si bien el apoyo no fue en particular para ninguno de los proyectos presentados en el Congreso, algunos de los 50 legisladores que pusieron su firma en la propuesta de la Campaña Nacional por el Derecho a un Aborto Legal, Seguro y Gratuito estimaron que este pronunciamiento es clave para su tratamiento. “Es muy importante porque le da un respaldo científico y permite un debate más franco, sin polarizaciones y con posiciones menos ultra”, explicó la diputada Cecilia Merchán, de Libres del Sur.

Merchán aseguró además que ya se consiguieron cinco firmas de legisladores de distintos bloques, para impulsar en las tres comisiones que tratan el proyecto –legislación penal, salud y familia– un plenario conjunto para los próximos meses. También el presidente de la comisión de legislación penal, Juan Carlos Vega, aseguró a este diario que hay voluntad de tratarlo en la comisión y que él personalmente apoya su discusión para el segundo semestre.

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Fuente: http://tiempo.elargentino.com/notas/consejo-superior-de-uba-se-pronuncio-favor-del-aborto-legal

El aborto no punible no da marcha atrás

“Las mujeres deciden, la sociedad respeta, el Estado garantiza”, es el lema de una charla convocada por la comisión de mujeres del espacio de Carta Abierta (integrado por intelectuales que respaldan la gestión de Cristina Fernández), en una clara señal de apoyo al Gobierno en sus políticas públicas, pero de respaldo a la despenalización del aborto y, específicamente, a que se cumpla con lo establecido en los abortos legales ya reglados por el Código Penal de 1921.

La iniciativa surge después de que el Ministerio de Salud publicó una guía de abortos no punibles y, después de una campaña en contra del diario La Nación (que quiso confundir la normativa sobre cómo proceder en casos de abortos legales con la legalización del aborto) y que se le quitara a este protocolo el rango de “resolución” ministerial.

El intelectual Ricardo Forster va a presentar el panel como representante de Carta Abierta y la socióloga Cecilia Lipsyck como coordinadora de la comisión de mujeres de este espacio. La convocatoria también tiene un fuerte sello simbólico, ya que va a estar integrado por la ministra de la Corte Suprema de Justicia Carmen Argibay, la diputada nacional (del Frente para la Victoria) Juliana Di Tulio, el presidente del Inadi Claudio Morgado (una clara muestra que en el actual frente de gobierno hay respaldo para iniciativas que eviten la muerte de mujeres en abortos clandestinos). Además, van a estar en la mesa el ginecólogo del Hospital Italiano Mario Sebastiani, Yamila Balbuena (de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito) y la periodista de Páginal12 Mariana Carbajal. La cita es el miércoles 11 de agosto, a las 18.30, en la Sala de Representantes de la Manzana de las Luces, Perú 272.

Pero no se trata sólo de una charla puntual sino de una convicción que no cede. Y de un protocolo que no puede dejar de aplicarse. “La Guía de Atención Sanitaria de Abortos No Punibles de 2007 no hizo otra cosa que recoger las obligaciones asumidas por el Estado argentino. Los dimes y diretes que recalcaron los medios de comunicación esta semana con el objetivo de señalar marchas y contramarchas en el gobierno y las presiones de grupos fundamentalistas no detendrán el debate ni la aplicación de la Constitución. Todo caso de aborto originado en un embarazo proveniente de una violación o cuando está en riesgo la vida o la salud de las mujeres es legal. Ninguna autoridad médica, ni judicial ni política puede oponerse”, subraya la legisladora porteña María José Lubertino.

Mientras que la diputada nacional, del Movimiento Libres del Sur, Cecilia Merchán remarca: “Nuestro Código Penal establece dos causas de excepción para que las mujeres podamos practicarnos abortos legales: en caso de violación o que corramos riesgo de vida. Nuestro país ha tenido recomendaciones por parte de Naciones Unidas para que se instruya a los profesionales de los servicios de salud para que realicen estas practicas y la Guía emitida por el ministerio iba en esa dirección. Por eso, exigimos que se ponga la Guía de Atención de Abortos No Punibles en manos de los efectores de salud para que así los derechos de las mujeres no sean otra vez pisoteados”.

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Nota de Página 12 - Suplemento Las 12

En siete días unos 400 fieles renunciaron a la Iglesia

A partir de la postura que adoptó la Iglesia ante el matrimonio entre personas del mismo sexo, mucha gente consulta para realizar el trámite. La campaña nacional ya recibió más de 1.100 adhesiones.

Por Silvina Herrera

Militantes. El 10 de diciembre, diferentes agrupaciones realizarán una apostasía conjunta.

La apostasía es el rechazo total a la fe cristiana, una decisión que cada vez eligen más personas en la Argentina. Los argumentos de quienes realizan el trámite tienen que ver con la falta de fe y con la negativa de formar parte de una Iglesia Católica que, piensan, toma posturas extremas en contra de los derechos civiles. La fuerte oposición de la institución cristiana contra el matrimonio entre personas del mismo sexo hizo crecer en las últimas semanas la cantidad de consultas sobre cómo renunciar a la Iglesia. Apostasía Colectiva se denomina la campaña iniciada por un grupo de militantes, unos ateos y otros pertenecientes a agrupaciones de Gays y Lesbianas. Sólo en la última semana tuvieron más de 400 consultas y ya presentaron una carta simbólica con 1.100 firmas que adhieren a rechazar el cristianismo. Además el grupo, en Facebook, presenta 2.680 seguidores. Para apostatar sólo hace falta mandar una carta a la Iglesia donde se realizó el bautismo y decir que se quiere renunciar.

“Con la postura frente al matrimonio gay, mucha gente se sintió indignada por la intromisión de la Iglesia en asuntos civiles. Se estaba discutiendo una modificación del Código Civil, y entendemos que la Iglesia no tiene intromisión en la vida civil. Mucha gente entendió eso, los que pertenecen a la comunidad homosexual y muchos que no tienen ninguna filiación. Se han sentido ofendidos por esta presión de la Iglesia”, asegura Paola Reffetta, profesora en estudios orientales, que fue echada de su trabajo en la Universidad del Salvador, cuando los directivos se enteraron de que realizó el trámite para apostatar, lo que para ella constituye un acto de discriminación.

Andrés Miñones, titular de la Asociación Civil de Ateos en Argentina (Argatea) afirma que la Iglesia basa su poder en la cantidad de fieles, que cuentan a partir de los bautismos. “Repudio las políticas de la Iglesia, el manejo que tiene, haciendo presión sobre cuestiones cotidianas”, indica.

Paula Torrichela también renunció a la fe cristiana “no por una cuestión de fe, sino como un acto de protesta contra una institución que intenta interrumpir procesos democráticos”, señala la joven que milita en el feminismo. María Eugenia Bengolea apostató hace un año y cree que “con lo del matrimonio gay quedó de manifiesto el efecto nefasto de las religiones en el mundo, con eso de la guerra de Dios. Es la Iglesia la que siembra discordia”.

La campaña Apostasía Colectiva realizará el próximo 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, una renuncia masiva a la fé católica. La agrupación también concuerda con el pedido para que el Estado deje de financiar con los impuestos a la Iglesia.

La opinión eclesiástica

La compañía de Apostasía Colectiva reclama que la Iglesia quite de sus archivos los datos personales de quienes fueron bautizados y piden renunciar a la fe. Pero en ningún caso la institución aceptó borrar los datos y hasta ahora contestó sólo el 80% de las cartas de renuncia. “Yo fui dada de baja, pero no eliminaron mis datos, lo que es un derecho de todos. La Iglesia basa su legitimidad en la cantidad de personas bautizadas”, afirma Reffetta.

El padre párroco Martín Bracht asegura que “no es un número representativo. Es una exageración decir que hay mil pedidos para apostatar”. Sin embargo, admite que la situación es una señal de alarma para la Iglesia. “Nos preocupa que haya gente que quiera renunciar. Algo ha pasado para que no se sientan contenidos. Creo que es una cuestión de fe, que no tiene que ver con las políticas de la institución”, dice el cura y agrega: “Es un derecho renunciar, pero no se pueden eliminar los datos porque el acto de bautismo no se puede borrar”.

APOSTASIA COLECTIVA

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Fuente: Diario Perfil

Cuando los derechos humanos no llegan a las humanas

3000 mujeres muertas por abortos clandestinos inseguros en democracia

En Argentina se calcula que entre 460 mil y 600 mil mujeres recurren cada año al aborto clandestino. Altísima cifra que demuestra que la penalización no impide su práctica. La realidad del aborto clandestino insiste, está aquí fungiendo en nuestros escenarios cotidianos, porque las mujeres desacatan (y van seguir haciéndolo) la ley y el mandato de la iglesia católica que les impide abortar. En este contexto histórico la pelea es por el reconocimiento de un derecho personalísimo. No es la primera vez que a las mujeres se les deniegan derechos, en otra coyuntura histórica se ponía en duda la posibilidad de que una mujer eligiera políticamente en las urnas. Las voces del pasado nos habilitan la pregunta: ¿cuándo será hora de que las mujeres ejerzamos plenamente nuestros derechos individuales? Elegir como sujetas responsables y soberanas es un acto anterior al reconocimiento de ciudadanía. No hay leyes que puedan contra la voluntad de aquellas que deciden abortar. Sí hay injusticias sociales.

Esta realidad genera un negocio altamente redituable. Según una investigación realizada por un equipo de periodistas de Radio Nacional, el aborto en nuestro país involucra mil millones de pesos anuales. Cifra que dista abismalmente de los 35 millones con los que contó -durante el año 2009- el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable.

Cada año mueren en Argentina según estadísticas oficiales 100 mujeres por prácticas de abortos clandestinos e inseguros, aunque investigaciones médicas informan de un sub-registro en el registro de la mortalidad por gestación (mortalidad materna). Por una obvia y recurrente razón, siempre son mujeres pobres y jóvenes. El aborto constituye la principal causa de muerte de mujeres gestantes(1) . Desde el retorno a la democracia, las estadísticas oficiales revelan que la primera causa de muerte en mujeres embarazadas es el aborto clandestino; esto quiere decir, que en casi treinta años de democracia ininterrumpida esta cifra no se ha modificado. Por lo tanto, no ha habido ningún gobierno que a través de políticas públicas coherentes y sistemáticas repare y ponga fin de manera histórica y contundente a tantas muertes absurdas, muertes evitables. Son mujeres a las que se les niega un derecho humano principalísimo: el derecho a existir, a ser y no sólo a reproducir. Tienen vedado el acceso a la “justicia social” y a los llamados “planes de igualdad de oportunidades”.

El escándalo surgido a raíz de las irresponsables idas y venidas de parte del Ministro de Salud, Juan Manzur, acerca de la existencia o no de la firma que elevara a rango de Resolución Ministerial la Guía Técnica para la Atención de los Abortos No Punibles, volvió a instalar la urgente necesidad de discutir la despenalización y legalización del aborto, y no sólo quedarnos con la exigencia de la aplicación del Artículo 86 del Código Penal, código que cuenta con 89 años de existencia (pese a que muchas veces las causales allí contempladas se siguen judicializando innecesariamente). Numerosas encuestas se generaron desde distintos medios de prensa, nacionales y provinciales; en líneas generales se constatan allí los avances y las opiniones favorables por parte de importantes franjas de la sociedad en relación al reconocimiento de este derecho. Y estos resultados los leemos en sintonía con las batallas culturales que en estos tiempos que corren venimos ganando a los fundamentalismos y conservadurismos, como es la sanción de la ley de matrimonio igualitario.

La consultora Ibarómetro realizó un sondeo en todo el territorio nacional para evaluar la opinión de los y las argentinas sobre el tema del aborto y su despenalización. Los datos arrojados sostienen que: casi un 60% de los argentinos no está de acuerdo con penalizar a una mujer que se realizó un aborto. En el área Metropolitana este porcentaje llega al 70% de las personas entrevistadas y en el llamado interior ese porcentaje alcanza al 49, 9%. Además, un 58,5% cree que las mujeres tienen el derecho de interrumpir su embarazo conforme a sus necesidades y convicciones personales (2).

Es responsabilidad del Estado y sus gobiernos proteger la vida de los ciudadanos y de las ciudadanas. Mantener la ilegalidad del aborto es condenar a las mujeres al circuito millonario del aborto clandestino y también a la muerte. Este país y esta democracia tienen una enorme deuda con los derechos de las mujeres, en particular con el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. Hemos presenciado con satisfacción en estos días la reglamentación de la Ley Nacional 26.485 para proteger, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Ley que también es el resultado del trabajo sostenido de grupos de mujeres y activistas que en y desde distintos espacios, construimos su posibilidad de existencia. Pero debemos señalar que las declaraciones recientes del poder ejecutivo de la Nación, en la figura de la presidenta Cristina Fernández, sobre la negativa a legalizar el aborto, nos preocupan y alertan. En materia de política pública las definiciones personalísimas no pueden estar por encima de un derecho humano y de ciudadanía de las mujeres; es necesario que el gobierno escuche el silencioso y paradójicamente ensordecedor ruido de ese medio millón de mujeres que aborta cada año en este país; el reclamo que desde hace más de 5 años llevamos adelante desde la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, campaña que agrupa a 289 organizaciones sociales, políticas, sindicales, de derechos humanos; escuchar a los 50 diputados y diputadas (muchas/os del FPV) que ya firmaron nuestro proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo presentado en el Congreso de la Nación y que pretendemos sea debatido y aprobado en el año del bicentenario.

Es urgente resolver el grave problema de salud pública que significa la ilegalidad del aborto, que constituye una deuda interna enorme profundizando las desigualdades sociales; y también una forma de violencia contra las mujeres y sus derechos. La plena vigencia de los derechos humanos significa condenar a los genocidas de ayer, porque es parte de una lucha en la que estamos plenamente comprometidas, como garantizar el pleno derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos. Nos resulta extremadamente paradójico que en este clima de debate social y definiciones políticas tan contundentes haya tanta pobreza argumentativa reducida o supeditada incluso a posiciones personales en relación a un tema tan importante como es el aborto legal (3).

No hay ni habrá democracia sustantiva, mientras el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, sea vulnerado por un Estado incapaz de avanzar en la definición de políticas públicas laicas.

Las creencias particulares de quienes gobiernan y legislan en el país, no pueden ser aplicables al conjunto de la ciudadanía.

El derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos y sus vidas de manera autónoma y responsable, y a acceder a la posibilidad de abortar voluntariamente en condiciones legales, seguras y de gratuidad, forma parte de la aspiración a una vida digna y plena para las mujeres, una vida que no debiera verse amenazada sino garantizada por los Estados, sus funcionarias y funcionarios, protegida y promovida por médic@s y jueces, trabajador@s de la salud, del poder judicial, de la educación, etc.

Insistimos en una premisa que comprobamos ante cada nuevo relato de las mujeres que abortan: ninguna mujer aborta alegremente, leyes que despenalicen y legalicen el aborto no alientan su práctica.

Quienes reclamamos aborto legal, seguro y gratuito, partimos de una consideración integral: educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir porque pretendemos programas y políticas públicas que den respuestas al conjunto de situaciones que involucran derechos sexuales y derechos reproductivos.

Quienes niegan el derecho al aborto legal, no hacen más que promover su clandestinidad, pronuncian un voto de muerte para las más empobrecidas y niegan la condición de ciudadanía plena para las mujeres. Nuestra sociedad viene demostrando capacidad y madurez para afrontar el desafío de discutir y aprobar una ley que garantice esta práctica en hospitales públicos, de manera segura y gratuita. Habrá que ver si los y las representantes en el Congreso de la Nación y en los órganos de decisión de este país están a la altura este histórico reclamo y de ampliar a todas las mujeres los derechos que hoy otorga a algunas su mayor poder adquisitivo.

Argentina es el primer país en Latinoamérica que aprobó el matrimonio igualitario, el que actualmente lleva adelante juicios y manda a la cárcel común a los militares de la dictadura, el que busca la verdad sobre los hijos e hijas de desaparecidos y desaparecidas apropiados ilegalmente. Es hora de que esté dispuesto también a figurar entre los que reconocen el derecho elemental de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos, primer territorio para el ejercicio de soberanía. Es hora de ser el país en el que la presidenta, los gobernantes y legisladores/as y la democracia estén dispuestos a que los derechos humanos contemplen las necesidades particulares de las humanas.

Exigimos:

1. La sanción inmediata de una ley que despenalice y legalice el aborto en Argentina.

2. La aplicación efectiva, no judicializada, del Artículo 86, del Código Penal.

3. La efectivización de una Resolución Ministerial que garantice la realización de abortos acorde a la Guía de Atención de Abortos No Punibles en los servicios de salud.

4. La plena vigencia y aplicación de la Ley Nacional de Educación Sexual Integral (Ley 26.150) y de los programas de salud sexual y reproductiva con presupuestos adecuados.

Referencias:

(1) Según datos del Ministerio de Salud en 2008, murieron 40 mujeres cada 100,000 nacidos vivos por causas relacionadas con el embarazo, parto y puerperio. En doble de lo que se registró en el mismo período en países como Chile y Uruguay que presentaron niveles de 19,8 x 100.000 NV y 15 x 100.000 NV, respectivamente. En el quinquenio que va de 2004 a 2008 la principal causa de muerte materna es de embarazos terminados en aborto (26,7%) (OSSyR, abril de 2010). Para mayor información consultar Hoja Informativa Nº1 del Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva, disponible en: www.ossyr.org.ar

(2) “La despenalización del aborto para los argentinos”, Ibarómetro, Informe de prensa, julio de 2010. Sitio: www.ibarometro.com.ar

(3) Inclusive en el informe de avance del Examen del de cumplimiento de Pactos sobre Derechos Políticos y Civiles de Argentina con arreglo del artículo 40 (UN, Nueva York, marzo de 2010) , si bien el comité acoge con satisfacción una serie de avances del país en materia de derechos humanos, en su artículo 13 dice “13. El Comité expresa su preocupación por la legislación restrictiva del aborto contenida en el artículo 86 del Código Penal, así como por la inconsistente interpretación por parte de los tribunales de las causales de no punibilidad contenidas en dicho artículo. (Artículos 3 y 6 del Pacto)”, y por esta razón indica que “El Estado Parte debe modificar su legislación de forma que la misma ayude efectivamente a las mujeres a evitar embarazos no deseados y que éstas no tengan que recurrir a abortos clandestinos que podrían poner en peligro sus vidas. El Estado debe igualmente adoptar medidas para la capacitación de jueces y personal de salud sobre el alcance del artículo 86 del Código Penal”. (Informe disponible en Biblioteca Legal de http://www.rimaweb.com.ar/).

Fuente: http://www.abortolegal.com.ar/?p=665#more-665

Para más información:
http://www.derechoalaborto.org.ar/
http://www.abortolegal.com.ar/
http://www.rimaweb.com.ar/