LA PRESIDENTA REGLAMENTO LA LEY CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO

“Es una batalla cultural”

En un acto en la Casa de Gobierno y ante representantes de organizaciones de mujeres, Cristina Fernández puso en marcha la nueva norma que tipifica diversas situaciones de violencia hacia las mujeres y prevé sanciones a los responsables.

La promoción en todo el país de servicios de asistencia integral gratuita para las mujeres que padecen violencia de género y la extensión de la figura de protección contra la violencia familiar a nuevas figuras que contemplan la violencia en cualquier ámbito donde la mujer desarrolle sus relaciones interpersonales. Esos son dos de los ejes fundamentales de la ley 26.485 contra la violencia de género, que ayer se puso en plena vigencia con la firma del decreto reglamentario por parte de la presidenta Cristina Fernández. “Hemos dado un paso más en las garantías y restitución de derechos”, consideró la Presidenta ayer en el acto realizado en Casa de Gobierno y agregó que “la violencia contra la mujer es una batalla que hay que dar desde lo cultural”. Las referentes consultadas por Página/12 coincidieron en la necesidad de un cambio cultural, resaltaron la importancia de que el Gobierno incluya la violencia de género en la agenda pública y adelantaron los pasos a seguir respecto de la asignación de presupuesto y la puesta en práctica de la nueva norma.

“Lo único que he hecho hoy (por ayer) es firmar la reglamentación de un decreto que ha sido una profunda construcción social participativa y que ha llegado a todos los estamentos de la sociedad y del Estado”, apuntó Cristina Fernández en el Salón de las Mujeres antes de felicitar a las militantes femeninas por “encender luces en la oscuridad”. El proceso de reglamentación de los 45 artículos de la ley 26.485, sancionada en 2009, contó con la participación de tres comisiones consultivas integradas por organizaciones sociales y sindicales, académicos, funcionarios judiciales, periodistas e integrantes de los ministerios y secretarias que actúan en el área de la violencia de género.

Perla Prigoshin, representante del Consejo Nacional de la Mujer (CNM) en el proceso de reglamentación, señaló que “no hubo modificaciones estructurales” a la ley sancionada en 2009. La legislación reglamentada avanza sobre la anterior ley a nivel nacional y provincial que protegía a las mujeres de la violencia doméstica y avanza sobre la violencia física, psicológica, sexual, simbólica y económica y patrimonial, que le pone letra al reclamo de igual salario por igual tarea.

Dentro de la violencia simbólica, Prigoshin destacó la reglamentación sobre “violencia mediática”, al considerarla “una área inexplorada en Latinoamérica, en la que se puntualiza qué se entiende por imágenes y contenidos que vulneran la dignidad de las mujeres e incurren en violencia”. La integrante del CNM adelantó que las sanciones frente a ese tipo de violencia serán coordinadas con la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, creada por la nueva ley de medios.

A nivel judicial, Prigoshin consideró relevante la inclusión de la posibilidad de realizar denuncias anónimas “para proteger a los funcionarios públicos y especialistas” y la condición de que una causa no sea archivada a la espera de la ratificación de la denuncia por parte de la víctima, para evitar la revictimización o el condicionamiento por temor.

La ley reglamentada debe ser aplicada en todo el país, a excepción de las medidas de procedimiento de la Justicia que podrán ser ajustadas por las provincias a medida que se adhieran a la ley. Sin embargo, algunas condiciones procedimentales como el acceso gratuito a la asesoría legal para todas las mujeres que padezcan violencia serán obligatorias. “Es fundamental y urgente que se ejecuten medidas de este tipo y es un excelente paso que figure en la ley. Pero será un gran desafío de coordinación y recursos llevarlo a la práctica”, advirtió Natalia Gherardi, directora ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA).

El presupuesto es una de las preocupaciones de las organizaciones que combaten la violencia de género ante la adecuada aplicación de la ley. Fabiana Tuñez, coordinadora de la Asociación Civil Casa del Encuentro, resaltó que “será necesario mayor presupuesto para los ministerios y secretarías que aborden la temática de violencia, como para campañas que permitan generar conciencia y prevención para erradicar la violencia”, y consideró que la reglamentación de la ley “es una herramienta para reclamar nuevos fondos en el presupuesto del próximo año”.

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(Nota original de Página 12)

Informe: Nahuel Lag.

Extrema situacion se vive en el penal de San Martin - Comunicado del Kolectivo Karacol

Cordoba, 2 de mayo del 2010.

Cocó es una travesti de 27 años, privada de su libertad en el penal San Martín de la ciudad de Córdoba. Como muchos/as allí dentro, se encuentra en una delicadísima situación de salud. Vive con el virus de inmunodeficiencia humana, en estado de desnutrición, muy por debajo de su peso, con escasas defensas y serios daños en el intestino. Situación que es insostenible.
El pasado viernes treinta de abril, el personal del servicio penitenciario se negó, como muchas otras veces a trasladarla al hospital que funciona dentro de la cárcel para medir su fiebre y solicitar nuevamente un análisis para detectar las razones de la diarrea que no la deja dormir desde hace ya 2 meses.
Cansada y desbordada por la inhumana situación de abandono de persona a la que esta sometida por las autoridades del penal, se auto agredió con elementos cortantes, intento ahorcarse e incendio su celda y parte de sus pertenencias. Alcanzo a ser rescatada por compañeros del pabellón, quienes consiguieron su traslado al hospital.

“ya no tengo mas nada que perder…capaz moría asfixiada o desangrada, pero lo intente y conseguí que me atiendan, hasta el director pareció interesado”, expreso telefónicamente.
No es novedad en el ámbito carcelario que las personas lleguen a auto agredirse reclamando por un derecho tan elemental como es la atención medica. O a manifestarse, arriesgando su vida prendiéndose fuego o levantándose en huelga de hambre como sucede actualmente desde hace 40 días en muchos penales del país.
Una dieta insuficiente, alimentos en mal estado, falta de control medico, ausencia de medicamentos, retención de medicinas proporcionadas por la visita, condiciones antihigiénicas, movilidad dificultada por el encierro en celditas de 2 x 4, pèrdida de la visión, palomas, ratas y cucarachas en los pabellones… dan cuenta de la violación sistemática de los derechos humanos. “ ya no aguanto mas, siento que me están matando, no estoy pudiendo sostener mi tratamiento, la semana pasada no pude tomar mis medicamentos, porque no iban a buscarlos…ya me estoy quedando sin fuerzas,” agrego coqui, como la tratan sus pares. La interrupción del tratamiento antirretroviral atenta directamente contra su vida.
Mientras las autoridades argumentan que la cárcel esta para la reinserción social, no cesan la tortura y el aniquilamiento de personas por parte del personal penitenciario.
El estado argumenta un excesivo gasto por persona detenida, pero coquis es explotada 4 horas diarias pese a su gravísimo estado de salud, por 80 míseros pesos, con los cuales debe sobrevivir, sin tener acceso ni a aspirinas, además del marcado sobreprecio en la cantina del penal.
En muchos casos la visita de familiares y amigas/os ayuda a mejorar la calidad de vida de las personas en situación de encierro. Aunque la realidad travesti, es la del abandono social dado el notable grado de discriminació n, exclusión y segregación que padecemos por nuestra construcción de genero.

Son dos las travestis detenidas en el penal de varones de san martín, lo cual denota la negación de su identidad femenina, y da cuenta del estado de vulnerabilidad y estrés en la que se encuentran.
Por lo que coquis subrayo: “es valiosísima e imprescindible el apoyo de militantes y abogadxs de derechos humanos, sin ellas/os seria muy difícil seguir luchando día a día por sobrevivir”.

Desde el entorno de coqui estamos preocupadas/ os por la gravedad de la situación, y por las represalias que pueda padecer por visibilizar su situación, al desenmascarar la brutalidad represiva, pero la acompañaremos en su lucha. Aun siendo victimas de vergonzosas revisaciones, malos tratos y humillaciones que padecemos las visitas y teniendo obstáculos para ingresar desde alimentos hasta medicación. Ya estamos montando estrategias para cuando salga en libertad porque haremos lo posible para que sobreviva. Nos inquietan también las posteriores secuelas psicológicas y el antecedente que será un nuevo motivo de aislamiento social y desempleo.

Comunicado del Kolectivo Karacol en la coordinadora antirrepresiva por los derechos humanos.

Contacto, colectivo caracol: Maite, TEL: 0351-152408802