En Argentina se calcula que entre 460 mil y 600 mil mujeres recurren cada año al aborto clandestino. Altísima cifra que demuestra que la penalización no impide su práctica. La realidad del aborto clandestino insiste, está aquí fungiendo en nuestros escenarios cotidianos, porque las mujeres desacatan (y van seguir haciéndolo) la ley y el mandato de la iglesia católica que les impide abortar. En este contexto histórico la pelea es por el reconocimiento de un derecho personalísimo. No es la primera vez que a las mujeres se les deniegan derechos, en otra coyuntura histórica se ponía en duda la posibilidad de que una mujer eligiera políticamente en las urnas. Las voces del pasado nos habilitan la pregunta: ¿cuándo será hora de que las mujeres ejerzamos plenamente nuestros derechos individuales? Elegir como sujetas responsables y soberanas es un acto anterior al reconocimiento de ciudadanía. No hay leyes que puedan contra la voluntad de aquellas que deciden abortar. Sí hay injusticias sociales.
Esta realidad genera un negocio altamente redituable. Según una investigación realizada por un equipo de periodistas de Radio Nacional, el aborto en nuestro país involucra mil millones de pesos anuales. Cifra que dista abismalmente de los 35 millones con los que contó -durante el año 2009- el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable.
Cada año mueren en Argentina según estadísticas oficiales 100 mujeres por prácticas de abortos clandestinos e inseguros, aunque investigaciones médicas informan de un sub-registro en el registro de la mortalidad por gestación (mortalidad materna). Por una obvia y recurrente razón, siempre son mujeres pobres y jóvenes. El aborto constituye la principal causa de muerte de mujeres gestantes(1) . Desde el retorno a la democracia, las estadísticas oficiales revelan que la primera causa de muerte en mujeres embarazadas es el aborto clandestino; esto quiere decir, que en casi treinta años de democracia ininterrumpida esta cifra no se ha modificado. Por lo tanto, no ha habido ningún gobierno que a través de políticas públicas coherentes y sistemáticas repare y ponga fin de manera histórica y contundente a tantas muertes absurdas, muertes evitables. Son mujeres a las que se les niega un derecho humano principalísimo: el derecho a existir, a ser y no sólo a reproducir. Tienen vedado el acceso a la “justicia social” y a los llamados “planes de igualdad de oportunidades”.
El escándalo surgido a raíz de las irresponsables idas y venidas de parte del Ministro de Salud, Juan Manzur, acerca de la existencia o no de la firma que elevara a rango de Resolución Ministerial la Guía Técnica para la Atención de los Abortos No Punibles, volvió a instalar la urgente necesidad de discutir la despenalización y legalización del aborto, y no sólo quedarnos con la exigencia de la aplicación del Artículo 86 del Código Penal, código que cuenta con 89 años de existencia (pese a que muchas veces las causales allí contempladas se siguen judicializando innecesariamente). Numerosas encuestas se generaron desde distintos medios de prensa, nacionales y provinciales; en líneas generales se constatan allí los avances y las opiniones favorables por parte de importantes franjas de la sociedad en relación al reconocimiento de este derecho. Y estos resultados los leemos en sintonía con las batallas culturales que en estos tiempos que corren venimos ganando a los fundamentalismos y conservadurismos, como es la sanción de la ley de matrimonio igualitario.
La consultora Ibarómetro realizó un sondeo en todo el territorio nacional para evaluar la opinión de los y las argentinas sobre el tema del aborto y su despenalización. Los datos arrojados sostienen que: casi un 60% de los argentinos no está de acuerdo con penalizar a una mujer que se realizó un aborto. En el área Metropolitana este porcentaje llega al 70% de las personas entrevistadas y en el llamado interior ese porcentaje alcanza al 49, 9%. Además, un 58,5% cree que las mujeres tienen el derecho de interrumpir su embarazo conforme a sus necesidades y convicciones personales (2).
Es responsabilidad del Estado y sus gobiernos proteger la vida de los ciudadanos y de las ciudadanas. Mantener la ilegalidad del aborto es condenar a las mujeres al circuito millonario del aborto clandestino y también a la muerte. Este país y esta democracia tienen una enorme deuda con los derechos de las mujeres, en particular con el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. Hemos presenciado con satisfacción en estos días la reglamentación de la Ley Nacional 26.485 para proteger, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Ley que también es el resultado del trabajo sostenido de grupos de mujeres y activistas que en y desde distintos espacios, construimos su posibilidad de existencia. Pero debemos señalar que las declaraciones recientes del poder ejecutivo de la Nación, en la figura de la presidenta Cristina Fernández, sobre la negativa a legalizar el aborto, nos preocupan y alertan. En materia de política pública las definiciones personalísimas no pueden estar por encima de un derecho humano y de ciudadanía de las mujeres; es necesario que el gobierno escuche el silencioso y paradójicamente ensordecedor ruido de ese medio millón de mujeres que aborta cada año en este país; el reclamo que desde hace más de 5 años llevamos adelante desde la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, campaña que agrupa a 289 organizaciones sociales, políticas, sindicales, de derechos humanos; escuchar a los 50 diputados y diputadas (muchas/os del FPV) que ya firmaron nuestro proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo presentado en el Congreso de la Nación y que pretendemos sea debatido y aprobado en el año del bicentenario.
Es urgente resolver el grave problema de salud pública que significa la ilegalidad del aborto, que constituye una deuda interna enorme profundizando las desigualdades sociales; y también una forma de violencia contra las mujeres y sus derechos. La plena vigencia de los derechos humanos significa condenar a los genocidas de ayer, porque es parte de una lucha en la que estamos plenamente comprometidas, como garantizar el pleno derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos. Nos resulta extremadamente paradójico que en este clima de debate social y definiciones políticas tan contundentes haya tanta pobreza argumentativa reducida o supeditada incluso a posiciones personales en relación a un tema tan importante como es el aborto legal (3).
No hay ni habrá democracia sustantiva, mientras el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, sea vulnerado por un Estado incapaz de avanzar en la definición de políticas públicas laicas.
Las creencias particulares de quienes gobiernan y legislan en el país, no pueden ser aplicables al conjunto de la ciudadanía.
El derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos y sus vidas de manera autónoma y responsable, y a acceder a la posibilidad de abortar voluntariamente en condiciones legales, seguras y de gratuidad, forma parte de la aspiración a una vida digna y plena para las mujeres, una vida que no debiera verse amenazada sino garantizada por los Estados, sus funcionarias y funcionarios, protegida y promovida por médic@s y jueces, trabajador@s de la salud, del poder judicial, de la educación, etc.
Insistimos en una premisa que comprobamos ante cada nuevo relato de las mujeres que abortan: ninguna mujer aborta alegremente, leyes que despenalicen y legalicen el aborto no alientan su práctica.
Quienes reclamamos aborto legal, seguro y gratuito, partimos de una consideración integral: educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir porque pretendemos programas y políticas públicas que den respuestas al conjunto de situaciones que involucran derechos sexuales y derechos reproductivos.
Quienes niegan el derecho al aborto legal, no hacen más que promover su clandestinidad, pronuncian un voto de muerte para las más empobrecidas y niegan la condición de ciudadanía plena para las mujeres. Nuestra sociedad viene demostrando capacidad y madurez para afrontar el desafío de discutir y aprobar una ley que garantice esta práctica en hospitales públicos, de manera segura y gratuita. Habrá que ver si los y las representantes en el Congreso de la Nación y en los órganos de decisión de este país están a la altura este histórico reclamo y de ampliar a todas las mujeres los derechos que hoy otorga a algunas su mayor poder adquisitivo.
Argentina es el primer país en Latinoamérica que aprobó el matrimonio igualitario, el que actualmente lleva adelante juicios y manda a la cárcel común a los militares de la dictadura, el que busca la verdad sobre los hijos e hijas de desaparecidos y desaparecidas apropiados ilegalmente. Es hora de que esté dispuesto también a figurar entre los que reconocen el derecho elemental de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos, primer territorio para el ejercicio de soberanía. Es hora de ser el país en el que la presidenta, los gobernantes y legisladores/as y la democracia estén dispuestos a que los derechos humanos contemplen las necesidades particulares de las humanas.
Exigimos:
1. La sanción inmediata de una ley que despenalice y legalice el aborto en Argentina.
2. La aplicación efectiva, no judicializada, del Artículo 86, del Código Penal.
3. La efectivización de una Resolución Ministerial que garantice la realización de abortos acorde a la Guía de Atención de Abortos No Punibles en los servicios de salud.
4. La plena vigencia y aplicación de la Ley Nacional de Educación Sexual Integral (Ley 26.150) y de los programas de salud sexual y reproductiva con presupuestos adecuados.
Referencias:
(1) Según datos del Ministerio de Salud en 2008, murieron 40 mujeres cada 100,000 nacidos vivos por causas relacionadas con el embarazo, parto y puerperio. En doble de lo que se registró en el mismo período en países como Chile y Uruguay que presentaron niveles de 19,8 x 100.000 NV y 15 x 100.000 NV, respectivamente. En el quinquenio que va de 2004 a 2008 la principal causa de muerte materna es de embarazos terminados en aborto (26,7%) (OSSyR, abril de 2010). Para mayor información consultar Hoja Informativa Nº1 del Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva, disponible en: www.ossyr.org.ar
(2) “La despenalización del aborto para los argentinos”, Ibarómetro, Informe de prensa, julio de 2010. Sitio: www.ibarometro.com.ar
(3) Inclusive en el informe de avance del Examen del de cumplimiento de Pactos sobre Derechos Políticos y Civiles de Argentina con arreglo del artículo 40 (UN, Nueva York, marzo de 2010) , si bien el comité acoge con satisfacción una serie de avances del país en materia de derechos humanos, en su artículo 13 dice “13. El Comité expresa su preocupación por la legislación restrictiva del aborto contenida en el artículo 86 del Código Penal, así como por la inconsistente interpretación por parte de los tribunales de las causales de no punibilidad contenidas en dicho artículo. (Artículos 3 y 6 del Pacto)”, y por esta razón indica que “El Estado Parte debe modificar su legislación de forma que la misma ayude efectivamente a las mujeres a evitar embarazos no deseados y que éstas no tengan que recurrir a abortos clandestinos que podrían poner en peligro sus vidas. El Estado debe igualmente adoptar medidas para la capacitación de jueces y personal de salud sobre el alcance del artículo 86 del Código Penal”. (Informe disponible en Biblioteca Legal de http://www.rimaweb.com.ar/).
Fuente: http://www.abortolegal.com.ar/?p=665#more-665
Para más información:
http://www.derechoalaborto.org.ar/
http://www.abortolegal.com.ar/
http://www.rimaweb.com.ar/
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